Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común

Para avanzar como país se requiere una Administración eficaz, se decidió hacer una reforma centrándose en dos ejes de las relaciones:

  1. “ad extra”, externas con el ciudadano o administrado (Ley 39/2015).
  2. “ad intra”, internas entre administraciones e instituciones (Ley 40/2015).

Es decir que estas dos leyes van de la mano, de hecho se publicaron a la vez, el 1 de octubre de 2015. Pero se decidió separarlas física y literalmente para que en una se trate lo que es el funcionamiento y organización interna de la Administración y en la otra lo que se refiere a la parte pública de relacionarse con el ciudadano. El conjunto de estas dos disposiciones señala las bases para el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Funcionarios públicos

PRECEDENTES

La primera regulación completa del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico sería la contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo 1958. A lo largo de la historia, la Administración que viene siendo un brazo del Gobierno, ejercía un gran poder pudiendo actuar según sus intereses o por ejemplo escoger a quién atender y a quién no. Esto sería contrario a los valores como la igualdad que defiende nuestra Carta Magna.

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo la dirección del Gobierno, que responde políticamente por su gestión.

Se evolucionó totalmente con la Ley 30/1992 y sus posteriores añadiduras, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. En el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. Al final se decide reflejar y unificar toda esta evolución en la Ley 39/2015.

Administración pública

¿Qué dice la Ley 39/2015?

A continuación puedes ver a modo esquematizado la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los diferentes títulos con una breve explicación sobre su contenido.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

Descripción del objeto de esta Ley. Listado de quiénes forman el Sector Público y quiénes se consideran la Adminisración Pública.

TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento
cap 1. La capacidad de obrar y el concepto de interesado

Definición del Interesado, quién tiene capacidad para obrar y como se puede actuar mediante un representante, lo que conduce al tema de cómo funcionan los apoderamientos y sus registros electrónicos.

cap 2. Identificación y firma de los interesados

También trata este título sobre el modo de identificarse el interesado ante la Administración Pública y los diferentes sistemas que pueden utilizarse de firma electrónica para dicha identificación.

TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas
cap 1. Normas generales de actuación

Los derechos y formas de relacionarse el interesado con las Administraciones Públicas y algunos procesos que se deben seguir en dicha relación. Registros y archivos de documentos. La obligación de resolver. Validez y eficacia de las copias de documentos.

cap 2. Términos y plazos

Cómo se cuentan los plazos y la posibilidad de ampliarlos. Tramitación de urgencia.

TÍTULO III. De los actos administrativos
cap 1. Requisitos de los actos

Los actos pueden ser de oficio o a instancia del interesado. Lista de cuándo deben ser motivados.

cap 2. Eficacia de los actos

Algunas condiciones o requisitos para que los actos se consideren eficaces y por tanto correctos, haciendo especial hincapié en el tema de las notificaciones, es muy importante que las diferentes partes involucradas conozcan cada movimiento para poder hacer uso de sus derechos.

cap 3. Nulidad y anulabilidad

Casos en que los actos no son correctos y se pueden anular. Diferencia entre nulo y anulable.

TÍTULO IV. Disposiciones sobre el procedimiento
cap 1. Garantías del procedimiento

Lista de Derechos que le pertenecen al interesado en un procedimiento.

cap 2. Iniciación del procedimiento

Aquí comienza la descripción de las fases del procedimiento administrativo, en este caso la primera es la INICIACIÓN, ya sea de oficio o a instancia del interesado. Se pueden tomar medidas provisionales para asegurar que el proceso transcurra debidamente. También se especifican los diferentes tipos de inicio, por iniciativa propia, por orden superior, por denuncia, etc... Se consideran diferentes los procedimientos de naturaleza sancionadora y los de responsabilidad patrimonial. Especial atención al proceso cuando el interesado solicita la iniciación.

cap 3. Ordenación del procedimiento

La ORDENACIÓN es la siguiente fase, digamos que se abre el expediente administrativo, se aportan y organizan los documentos necesarios.

cap 4. Instrucción del procedimiento

En la fase de la INSTRUCCIÓN se comprueban los hechos, se hacen las alegaciones y se presentan las pruebas o informes que puedan influir en las conclusiones.

cap 5. Finalización del procedimiento

La FINALIZACIÓN es la última fase, lo que sería la resolución del caso, aunque hay que tener en cuenta que también se puede finalizar por otros motivos como el desistimiento o la renuncia del interesado. Se profundiza en los aspectos sobre la resolución del procedimiento

cap 6. La tramitación simplificada

Por razones de interés público o porque el caso se considere muy evidente, se puede acelerar el proceso mediante la denominada tramitación simplificada.

cap 7. Ejecución

Cuando todo ha concluido, la Administración se encarga de ejecutar lo que la resolución haya dictado. Aquí se tratan diferentes tipos de resultado como la ejecución forzosa, apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multas coercitivas, etc...

TÍTULO V. La revisión de los actos
cap 1. Revisión de oficio

En algunos casos las Administraciones Públicas pueden revisar los diferentes actos y anularlos, declararlos lesivos o suspenderlos.

cap 2. Recursos administrativos

Aquí se listan los diferentes tipos de recursos que pueden interponerse contra las resoluciones o los actos de tramitación sus características y el proceso para llevarlos a cabo.

TÍTULO VI. La iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

En este último título se habla sobre la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria que le pertenece al Gobierno y por tanto también la Administración, que es la encargada de elaborar reglamentos.

Pulsa aquí para ver la Ley 39/2015 completa en el BOE